Metodología para calcular score


Score de Involucramiento Parlamentario (SIP)

La responsabilidad de ejercer un cargo como legislador federal exige la realización de una gran variedad de tareas. En este sentido, la labor de un congresista involucra actividades como discutir y aprobar presupuestos, proponer cambios a la legislación, supervisar a funcionarios del gobierno, discutir asuntos relacionados con los temas de sus comisiones, entre muchas otras.
Contar con una medición precisa de todos los aspectos que conforman el trabajo legislativo, es una empresa demasiado complicada. Es por ello que el Score de Involucramiento Parlamentario (SIP) se centra en una sola de las funciones que realizan los congresistas: participar en el proceso de creación y aprobación de leyes.
El SIP es el resultado de varios años de investigación legislativa comparada así como de una ardua labor de comprensión del congreso mexicano. Se trata de un indicador cuyo valor oscila entre 0 y 10 puntos y que sirve para calificar la labor de cada congresista a lo largo de una legislatura, midiendo su nivel de involucramiento en ciertas etapas del proceso de creación y aprobación de leyes.
Los elementos concretos que el SIP considera como componentes para evaluar la labor parlamentaria de los legisladores son:


I) Cantidad, relevancia y avance procesal de las iniciativas presentadas por un legislador a título personal durante una legislatura.

¿Cómo definimos la relevancia de una iniciativa de ley?
Para conocer la relevancia de una iniciativa de ley, en Buró Parlamentario analizamos cada iniciativa con proyecto de decreto presentada por los diputados a título personal, concentrándonos en tres aspectos de su contenido.

a) El nivel de coordinación que requieren para ser aprobadas

b) El tipo de transformación o cambio que proponen

c) La cantidad de “texto jurídico” que pretenden modificar


a) Nivel de coordinación

En México, hay 3 tipos de reformas: 1.1 constitucionales, 1.2 secundarias y 1.3 reglamentarias. 1.1.- Para ser aprobados, los proyectos de reforma constitucional requieren del voto de dos terceras partes de los individuos presentes en la Cámara de origen, además de la aprobación mayoritaria de los Congresos locales, el aval de la colegisladora (cámara revisora) y la sanción aprobatoria del Ejecutivo. Esto significa que la deliberación de una reforma de este tipo, es exhaustiva, en tanto que demanda amplias mayorías congresionales y la coordinación de una gran cantidad de actores del sistema político. A las iniciativas con estas características se les asigna un valor numérico de 3. 1.2.- Las iniciativas que buscan modificar leyes secundarias y reglamentos exigen una mayoría absoluta (50%+1 de los diputados presentes en la cámara de origen), además del aval de la colegisladora y del Ejecutivo Federal. A las iniciativas con estas características les asignamos un valor numérico de 2.

1.3.- Para hacer cambios mediante una iniciativa a la reglamentación interna, trámites administrativos y convocatorias a periodos extraordinarios o sesiones solemnes de una de las dos cámaras federales (diputados y senadores), basta con la mayoría absoluta de los miembros presentes en la cámara de origen para lograr una resolución. Este tipo de resoluciones excluyen del proceso tanto a los Congresos locales como al Ejecutivo y a la colegisladora. Por ello, a las iniciativas con estas características se les asigna un valor numérico de 1.

b) Tipo de transformación o cambio que proponen las iniciativas
Este segundo indicador del SIP se concentra en la forma en que una iniciativa de ley puede afectar las relaciones entre ciudadanos o los vínculos entre el Estado, ciudadanos y ciertos grupos.

2.1. Los proyectos con un objeto trascendente de transformación amplían, acotan, perfeccionan y/o crean nuevos derechos, libertades, responsabilidades y prerrogativas para todo ciudadano en los ámbitos jurídico, económico y/o social. Aquí se incluyen aquellas iniciativas que trastocan las instituciones políticas nacionales ya sea cambiando la forma de integración de los poderes públicos o reestructurando las relaciones entre éstos a partir de nuevos repartos de competencias y facultades. A las iniciativas con estas características se les asigna un valor numérico de 3.

2.2. Aquellas propuestas diseñadas para cambiar el funcionamiento interno del gobierno modificando o estableciendo nuevas pautas de acción para programas, dependencias u organismos de la administración pública central y desconcentrada se consideran iniciativas con un objeto de transformación más acotado que las anteriores, por lo que se les asigna un valor numérico de 2.

2.3. Los proyectos para atender coyunturas específicas de la agenda política o para hacer cambios simbólicos como la regulación de horarios, cambios a nombres de estados, creación de nuevas comisiones legislativas, cambios protocolarios, reformas al uso de la bandera o himno, obtienen el menor puntaje dentro de esta categoría que es 1.


c) Cantidad de “texto jurídico” que pretenden modificar
3.1.- Los cambios más relevantes son los que buscan crear o derogar textos completos como leyes, códigos o reglamentos. A las iniciativas con estas características se les asigna un valor de 3.

3.2.- Las iniciativas que proponen cambiar, agregar o derogar al menos 5 artículos de una ley, código o reglamento o al menos 1 artículo de dos leyes, códigos o reglamentos distintos, tienen un valor intermedio. A las iniciativas con estas características les asignamos un valor numérico de 2.

3.3. El menor valor de la categoría es para aquellas iniciativas que proponen cambiar, agregar o derogar menos de 5 artículos de una ley, código o reglamento o bien, que propongan cambios a uno o varios, párrafos, numerales, incisos o fracciones de una o varias leyes, códigos o reglamentos.

Considerando los anteriores parámetros, cada iniciativa puede tener un puntaje total sumado que oscila entre 3 (la iniciativa obtuvo el menor puntaje posible en cada categoría) y hasta 9 (la iniciativa obtuvo el puntaje máximo de 3 en cada categoría de análisis). Así, dependiendo del puntaje sumatorio en sus 3 categorías, las iniciativas pueden clasificarse como:


¿Cómo definimos el avance procesal de las iniciativas de ley?
La participación de los representantes en la asamblea, no se agota en presentar proyectos de reforma. Para que un legislador sea considerado un agente involucrado en los procesos más relevantes del congreso, sus propuestas necesitan ser aprobadas como leyes, o al menos tomadas en cuenta en las instancias procesales de la asamblea.

Por ello, el SIP plantea una simplificación del proceso legislativo en 5 fases: INI) Presentación de la iniciativa; COMI) Atención en comisiones (aprobatoria o rechazada); PLENO) debate plenario (incluye iniciativas rechazadas, aprobadas en lo general y aprobadas con reservas); REVIS) debate en cámara revisora (incluye iniciativas rechazadas en su totalidad, devueltas a origen con cambios, aprobadas y aprobadas con reservas); y LEY sancionadas por el Poder Ejecutivo en la misma legislatura.

La calificación que el SIP otorga a cada diputado por el avance procesal de sus iniciativas, se obtiene de dividir el total de proyectos redactados a nombre propio y que llegaron a determinada etapa procesal, entre el total de iniciativas que alcanzaron esa misma fase. De esta forma, un cociente es calculado para cada una de las cinco fases.

Para calcular el progreso procesal de una iniciativa de ley, el SIP contabiliza (por cada diputado) la cantidad de iniciativas firmadas en lo individual (INI), la suma de propuestas aprobadas en comisión (COMI), el total de proyectos aprobados en el Pleno —aún con reservas— (PLENO), las iniciativas aprobadas en la cámara revisora (REVIS) y la cantidad de piezas publicadas en el Diario Oficial de la Federación en la misma legislatura (LEY). Estas constituyen las cinco etapas sucesivas de un proyecto de ley, desde su presentación hasta su aprobación final.

Ahora bien, para caracterizar las distinciones entre propuestas de ley en términos de su importancia relativa, se emplea el índice de relevancia donde cada iniciativa fue categorizada (independientemente de la etapa del proceso a la que haya llegado) como: Menor (M), ordinaria (O) o trascendental (T), y donde cada una de ellas es ponderada por los valores 𝛼 =1, 𝛽 =5 y 𝛾 =10 respectivamente. Ello significa que una iniciativa trascendental tiene un valor 10 veces mayor que un proyecto menor y 2 veces mayor que uno ordinario.

Combinando las cinco categorizaciones de proceso y las tres de relevancia relativa, como lo hacen Craig Volden y Alan Wiseman en su libro de 2014, The Lawmakers: Legislative Effectiveness in the US Congress, nosotros obtenemos 15 valores mediante los cuales es posible calificar cada iniciativa de ley. Así, la cantidad de iniciativas firmadas por el diputado i, durante la legislatura t, es denotada por INI it. De esta forma, el Score de Iniciativas (SI) para un diputado i en un periodo legislativo t con N legisladores es calculado mediante la siguiente ecuación:

Donde se puede constatar que el resultado de cada término en la suma es simplemente la proporción ponderada de las iniciativas de ley, promovidas por el diputado i, en relación a todas las iniciativas de ley promovidas por cada uno de los N diputados en la legislatura t, cuya fase en el proceso legislativo ha sido detenida en algún punto. Como el numerador es subconjunto del denominador, cada término será menor o igual a uno.

Ahora bien, la estrategia que sigue la fórmula para normalizar este índice consiste en dividir cada score individual por el máximo valor alcanzado en cada legislatura y multiplicar este resultado por diez. De esta forma, el score de iniciativas estará acotado entre cero y diez, evaluando —y tomando como punto de referencia— al diputado con mayor score con un diez (siguiendo la intuición del sistema de calificaciones usualmente empleado en la educación básica) y manteniendo la proporción de las diferencias en los scores obtenidos por cada diputado. Así, el score de iniciativas normalizado se expresa:


II.- Cantidad y avance procesal de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por un legislador a título personal durante una legislatura

Una proposición con punto de acuerdo es una petición para que la Cámara asuma una postura institucional respecto a un asunto no legislativo. Al igual que las iniciativas de ley, los puntos de acuerdo derivan de una facultad de los legisladores federales por lo que la cantidad, los temas que atienden y sus modalidades de presentación, son decisiones libérrimas de los congresistas. Acaso, la única limitante que deben estimar en torno a la presentación de puntos de acuerdo es que estos sólo se pueden referir a acciones internas de exhorto, pronunciamiento o recomendación.

De forma análoga a las iniciativas de ley, para los puntos de acuerdo se considera el cálculo de un score que califique el avance de estos proyectos a lo largo del proceso legislativo. Los pasos procesales considerados en el índice son: cantidad de proposiciones con punto de acuerdo presentadas (PP); cantidad de proposiciones con punto de acuerdo dictaminadas en comisiones (PCOM); y proposiciones con punto de acuerdo aprobadas por el pleno (PPLENO). De tal modo, el Score de Puntos de Acuerdo (SPA) para un diputado i en un periodo legislativo t con N legisladores se calcula a través de la ecuación:

En la fórmula puede observarse que cada fracción está expresada como la proporción de puntos de acuerdo presentados por el diputado i en relación a cada legislador j en el periodo t para determinada etapa del proceso por el cual deben pasar los puntos para lograr su aprobación. Al igual que con las iniciativas, el SIP normaliza los valores de los puntajes obtenidos por los legisladores (en relación al máximo valor obtenido) para que el score de cada diputado tenga un valor entre uno y diez comparado con el diputado que mayor puntaje haya obtenido en la legislatura. Así, el score de puntos de acuerdo normalizado se calcula:


III.- Porcentaje de asistencia a sesiones de Pleno de cada legislador habiendo registrado al menos una votación en el tablero electrónico durante una legislatura.

El requerimiento mínimo que debe cumplir un legislador para que se le considere participante activo de su asamblea, es estar presente y expresarse en las actividades colegiadas más importantes que ahí se toman.

Para medir la asistencia efectiva de los diputados contabilizamos las veces que cada legislador manifestó estar presente en al menos una votación nominal plenaria de cada sesión de la Cámara. Así, el cálculo de la asistencia efectiva consta de una división entre el número de veces que un diputado marcó su presencia en una votación plenaria en una legislatura (AVOTO) entre el número de veces que debió hacerlo (ATOTAL). Con el objeto de mantener la misma escala de evaluación empleada para las iniciativas y los puntos de acuerdo, la siguiente fórmula convierte la asistencia efectiva en una escala acotada entre cero y diez:


Cálculo final del SIP de cada diputado

En función de lo anterior, el SIP pondera con un valor porcentual menor las votaciones (asistencias efectivas) que las iniciativas y puntos de acuerdo. Mientras el Score normalizado de Iniciativas (SI’) tiene un peso porcentual en el SIP de 50% el Score normalizado de Puntos de acuerdo (SPA’) tiene un peso de 30%. Las asistencias efectivas equivalen al restante 20%, estableciendo la siguiente ecuación final:

En esta ecuación, el mayor valor teórico es de diez (asociado a un sólo diputado que ha obtenido tanto el máximo score de iniciativas, como el máximo score de puntos de acuerdo y que ha marcado su presencia en cada una de las votaciones plenarias en una legislatura), mientras que el mínimo es de cero (para diputados que no presentaron ninguna iniciativa, ni punto de acuerdo y cuya asistencia efectiva no fue registrada en el periodo).